Pese a que las acusaciones de narcotráfico y diversos crímenes del gobierno interino emitidas por el oficialismo en reiteradas ocasiones, el chavismo ya se ha sentado con la oposición a negociar e incluso se firmó un memorando de entendimiento en México
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, Jorge Rodríguez, denunció este viernes 18 de marzo que integrantes del gobierno interino liderado por Juan Guaidó mantendrían estrechas relaciones con el narcotraficante venezolano Biagio Garofalo Forte, quien fue capturado en Colombia en días recientes ante una búsqueda de 193 países a causa de una alerta roja de Interpol emitida a solicitud de España.
Publicó una serie de capturas de pantalla de una supuesta conversación vía Whatsapp entre los dirigentes de Voluntad Popular y diputados de la AN electa en 2015 Marco Aurelio Quiñones y Franco Manuel Casella, en la cual se advertía sobre la noticia y se mostraba preocupación por la publicación de fotos que los muestran con el narcotraficante.
Entre las supuestas pruebas publicadas por Rodríguez, destacaban fotos de funcionarios y líderes políticos opositores presuntamente con el narcotráfico y conversaciones en las que afirmaban que Garofalo otorgaba financiamiento. Incluso se menciona una fiesta de dos días en la que habría participado Juan Guaidó, acusación que intentó sostener con un video de Juan Guaidó cantando en una reunión social sin que se aprecie dónde estaba.
En este contexto de aparente vinculación entre dirigentes de Voluntad Popular y un narcotraficante que, según Rodríguez, operaba en Anaco con el beneplácito de líderes opositores que ostentaban los cargos públicos de la localidad, el chavismo decidió desvincularse de Voluntad Popular en el diálogo que en días recientes replanteó Nicolás Maduro.
«No nos vamos a reunir con Juan Guaidó, no vamos a avalar que se imponga un expediente de narcopolítica en Venezuela. Vamos a un diálogo inclusivo con todos los sectores, pero no con narcotraficantes», declaró Rodríguez en una rueda de prensa.
Esta misma semana, Rodríguez hablaba de un «reformateo» del diálogo que incluyera a más sectores de la política venezolana, para recibir como respuesta del gobierno interino que el chavismo podía sentarse con quien quisiera, pero el diálogo con la oposición mayoritaria inició la mesa instalada en México, abandonada por el propio chavismo tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
Pese a que las acusaciones de narcotráfico y diversos crímenes del gobierno interino emitidas por el oficialismo en reiteradas ocasiones, el chavismo ya se ha sentado con la oposición a negociar e incluso se firmó un memorando de entendimiento entre las delegaciones de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria liderada por Guaidó.
Quiñones y Casella en la mira
Las denuncias de Rodríguez parten de una serie de tuits publicados por el parlamentario Quiñones el día en el que se difundió la noticia de la captura del narcotraficante en Colombia.
En estas publicaciones, Quiñones reconoció que Biagio Garofalo «participó en actividades políticas como voluntario hasta el 2019». Afirmó que se presentaba como un empresario, ya que era dueño de un famoso taller de radiadores y que los parlamentarios ni la alcaldía de Anaco tenían idea de los presuntos delitos de narcotráfico que había cometido.
El desconocimiento resulta, cuando menos, sospechoso, porque una búsquead de Google con su nombre es suficiente para que se arroje como resultado una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se rechaza la solicitud de extradición de España y se indica que será juzgado en Venezuela por presunto tráfico de al menos 350 kg de cocaína desde Colombia con destino a España.
A partir de esta relación política con Garofalo como «voluntario», Rodríguez presentó un supuesto comunicado que «se consiguió» de Voluntad Popular con fecha del 16 de enero de 2016 en la que se nombró a Garofalo como coordinador municipal de Anaco, firmado por Juan Guaidó, por aquel entonces secretario de Organización Nacional de Voluntad Popular.
Desde esta base, el vocero del oficialismo mostró una serie de fotos en los que parecían verse juntos a varios líderes de oposición y funcionarios del interinato con Garofalo. Entre ellos figuraron el diputado Luis Somaza, director de Despacho del Gobierno Interino; el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira Gonzáles; o el propio Guaidó.
Por estos motivos, Rodríguez aseguró a los medios presentes en la rueda de prensa que iniciarán las investigaciones para determinar responsabilidades y exigir explicaciones sobre el nexo entre la tolda naranja y el narcotraficante capturado en Colombia.
«Aquí está prefigurado el delito de naroctráfico y de legitimación de capitales. Tienen que explicar de dónde provenía esa relación, cuánta plata les entregó Garofalo y por qué lo nombraron coordinador de Voluntad Popular», insistió.
Rodríguez se lava las manos con Luisa Ortega Díaz
La sentencia Nº 635 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), relativa a la negativa de extradición de Garofalo ante la solicitud del Reino de España, especificaba que el narcotraficante fue capturado en Venezuela a mediados de 2015.
El TSJ decidió que Garofalo debía ser juzgado en suelo venezolano en lugar de ser deportado a España y se comprometió a continuar con el proceso judicial para determinar si cometió los delitos de narcotráfico.
No obstante, ningún otro documento del TSJ hace referencia a Garofalo, que debía iniciar su proceso formal con su audiencia de presentación, imputación de los delitos y posterior sentencia de culpabilidad o absolución de los cargos. Nada de esto pasó y la información sobre el presunto narcotraficante básicamente dejó de existir hasta su captura en Colombia.
En otras palabras, un presunto criminal ya capturado y señalado por hechos de narcotráfico simplemente salió de prisión y fue capturado en otro país casi siete años después.
Al ser preguntado sobre cómo era posible que el Estado permitiera que Garofalo quedara libre sin continuar el proceso, Rodríguez argumentó que esta ausencia legislativa era entera responsabilidad de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz y de su exesposo, Germán Ferrer.
«Es de las razones por las cuales el Estado venezolano empezó a recabar pruebas contra Luisa Ortega Díaz y su exesposo Germán Ferrer. Recabamos pruebas de que se ponía preso al narcotraficante y se aparecía Germán Ferrer para aceptar sobornos. Allí se determinó actuar contra el desempeño de Luisa Ortega Díaz», argumentó.
No obstante, es importante recordar que ningún proceso pesaba en contra de la exfiscal y que no fue sino hasta que la funcionaria rompiera sus relaciones con el chavismo al declarar que en Venezuela se produjo una ruptura del orden constitucional en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017.
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