Las detenciones arbitrarias, los casos de tortura y las irregularidades procesales se mantienen pese a los diminutos cambios implementados en el sistema judicial para cumplir con un memorándum de compromiso firmado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según la Misión de Determinación
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que evalúa la situación de los derechos humanos en el país desde 2019, presentó una actualización de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En esta actualización, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, advirtió que las medidas tomadas por el gobierno venezolano fueron insuficientes para corregir los problemas multifactoriales presentados en el informe publicado el 17 de septiembre de 2020 y su posterior actualización en 2021.
El equipo de determinación de hechos resalta que el Gobierno reconoció que existe una situación de impunidad que debe ser atendida al firmar un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e implementar medidas para corregir la administración de la justicia en el país, pero están lejos de ser suficientes.
Valiñas hizo énfasis en que los funcionarios señalados por aplicar torturas a presos políticos han pagado condenas mínimas, como ocurrió con un detective y un inspector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se declararon culpables por el homicidio del concejal opositor Fernando Albán en 2018 bajo custodia del Sebin, recibieron apenas 5 años y 10 meses de prisión y luego la condena se redujo a 2 años y ocho meses. Ambos quedaron en libertad.
De igual forma, cuestiona el alcance de las investigaciones en el sistema judicial venezolano, que apunta y procesa a los autores materiales, pero no profundiza en aras de dar con los altos cargos que dan las órdenes.
«Estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo de Derechos Humanos en septiembre. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos», destacó.
En este sentido, puntualizó sobre una ley emitida por la Asamblea Nacional administrada por el chavismo mediante la cual se plantea la creación de una Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, ya que sostiene que este cuerpo que aún no es operativo, tendría funciones muy limitadas al solo poder supervisar investigaciones y formular recomendaciones.
Para Valiñas, debe plantearse una reforma completa del sistema judicial, viciado por una ausencia total de la independencia de poderes y la interferencia de actores políticos, tal y como han detallado en informes anteriores.
La Asamblea Nacional trabaja en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no será suficiente si no se implementa del modo adecuado y parece que más bien profundizaría algunos problemas.
«En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial», acotó.
Pese a ver avances en los casos investigados por la misión, todavía se presentan irregularidades que no abordaba la ley anterior ni la reformulación planteada.
«Todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada», señaló.
Las enmiendas más bien otorgan todo el poder a la Asamblea Nacional, que tendrá la capacidad de nombrar figuras claves del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Misión de Determinación destaca las torturas
Uno de los puntos en los que más se afincó la misión fue en recabar los casos de torturas, detenciones arbitrarias y violación sistemática de derechos humanos, que no se han abordado pese a denunciarlas desde la publicación del informe en 2020.
Valiñas mencionó casos como el de Javier Tarazona, detenido arbitrariamente en julio de 2021 y acusado de terrorismo e incitación al odio el pasado diciembre, y el de Roland Carreño, quien se mantiene detenido en El Helicoide.
«La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado», denunció.
Se resaltaron las detenciones arbitrarias de Juan Carlos Marrufo, María Auxiliadora Delgado Orlando Moreno y Juan Carlos Guillén, todos sin delitos comprobados y recluidos en prisiones donde se ha denunciado que es común la práctica de la tortura.
Aunque el oficialismo ha aprobado en los últimos meses una serie de traslados de presos políticos a otras cárceles, este no es el caso de todos y hay quienes se mantienen en espera desde hace años pese a solicitar reiteradamente el traslado.
Ante todas estas situaciones, Valiñas aseguró que la crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del estado, se ha exacerbado.
Por lo tanto, pidió al Consejo de Derechos Humanos que «sigan prestando mucha atención a los acontecimientos en Venezuela» y evalúen si se evidencian progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos fundamentales.
Por su parte, la misión seguirá solicitando la colaboración de las autoridades venezolanas a pesar de que durante los dos últimos años han sido ignoradas.
«Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año», insistió.
Delsa Solórzano fustiga a Bachelet
La exdiputada a la Asamblea Nacional electa en 2015 y defensora de los derechos humanos, Delsa Solórzano, llamó la atención sobre varios de los puntos mencionados por Valiñas.
A juicio de Solórzano, el informe de la Misión de Determinación no aborda los problemas de fondo al no investigar a la cadena de mando ni garantizar el debido proceso en el sistema judicial.
En este sentido, consideró que este informe expresaba la realidad del estado del sistema judicial del país, a diferencia de la actualización de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado un día antes y «complaciente» con las autoridades venezolanas y los responsables de las violaciones de derechos humanos.
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