El candidato de la Unidad a la Gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, cree que el abanderado de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, está llamado a dar un paso atrás, retirar su candidatura y dar muestras de que sus gestos divisionistas no responden a órdenes emanadas de sectores chavistas. Aseveró, en entrevista con TalCual, que cualquier voto que no sea para la Unidad es un voto para Maduro
Sofía Nederr
El candidato de la Unidad a la Gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, cree que el abanderado de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, está llamado a dar un paso atrás por el bienestar del estado, retirar su candidatura y dar muestras de que sus gestos divisionistas no responden a órdenes emanadas de sectores chavistas.
En entrevista con TalCual, Ocariz (Primero Justicia) insiste en que aglutina la primera opción de las preferencias opositoras en la entidad. Puntualiza que concurrir a las elecciones del 21 de noviembre con dos candidaturas adversas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dispersará el voto.
Carlos Ocariz defiende su trayectoria y trabajo político en Miranda, en contraste con Uzcátegui, quien ostenta una carrera política como concejal.
Enfatiza que, además de ser la apuesta del G4 en Miranda, la Gobernación de Miranda es un espacio político importante que requiere de un fogueo como el suyo: fue secretario general de PJ, diputado a la Asamblea Nacional (AN), alcalde de Sucre y candidato a la gobernación en 2017, en unas elecciones en las que asegura le fue arrebatada la victoria, tras la migración de votantes.
En esos comicios, Héctor Rodríguez, candidato oficialista que aspira a la reelección, obtuvo la gobernación con 52,78%, en tanto que Ocariz sacó 45, 67%. Para el candidato de la Unidad, «Rodríguez no ha hecho nada, ha sido el peor gobernador de Miranda».
«Cualquier aspiración es legítima, pero creo que David puede esperar y seguir construyendo su liderazgo, demostrar que está de este lado», acota Ocariz.
Aunque hasta ahora no se vislumbran acuerdos entre ambos candidatos, para Carlos Ocariz es positivo que continúe la búsqueda de consenso. Todo esto mientras corren los plazos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el retiro de candidaturas.
—¿Dónde está la traba? Uzcátegui dijo que los métodos que usted propone, como los garantes y las encuestas, fueron planteados por él
—La primera persona que habló de primarias fui yo, en mayo de este año. Lo propuse para juntas parroquiales, municipales y regionales. Ahora, la Unidad decidió no hacer primarias. Obviamente, mi partido forma parte de la Unidad y yo debía acatar la decisión. Con respecto a las encuestas, lo único que pedimos fue que se auditaran las encuestas, eso era lo mejor para todos. Eran dos días y ya, pero no fue posible. Estoy convencido de que el oficialismo en Miranda tiene la posibilidad de ganar si somos tres. Si somos dos, el ganador puedo ser yo. Pero también es posible que la gente vaya a votar.
—La existencia de dos candidatos de la oposición no solamente va a dispersar sino que también desestimularía el voto en Miranda
—Se divide la votación y se genera abstención. Por eso digo, en todas partes, que es urgente llegar a acuerdos. Mostré las encuestas de Datanálisis , de Seijas (Delphos), de esta semana y estamos, al menos, seis puntos más arriba. Esta es una votación por tarjetas. En ningún momento, en la máquina, los candidatos van a estar en la misma pantalla. Si vas a votar por la Unidad solo tendrás a esos candidatos. Creo que esto va a polarizar. En las encuetas estoy por encima de Uzcátegui, pero, más allá de eso, en las tarjetas, la Unidad está creciendo mucho. Más de 60% del voto mirandino se divide en muchos partidos. Nuestro reto es aglutinar todo eso en una sola tarjeta, todos los votos del cambio. Cualquier voto que no sea para la Unidad es un voto para Maduro.
—Usted dijo que David Uzcátegui esta aliado con los malos. ¿A qué se refiere?
—Yo creo que la campaña de David Uzcátegui es muy difícil de justificar. Es exageradamente costosa, es la campaña más cara del país, del gobierno y de la oposición, no había visto una campaña así desde la época de Chávez que usaba la plata del Estado. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De empresarios nuestros? No acuso nada, pero tengo mis dudas. ¿Quiénes tienen la plata? ¿A quién le conviene la división? Al chavismo. Entonces, dos más dos son cuatro. Le tocará a Uzcátegui demostrar que eso no es así y, aceptando que hay unidad y apoyando a la unidad, tiene una oportunidad de oro. Se lo he dicho tanto en público como en privado.
—La división también se irradia a los municipios de Miranda
—Ese es un tema importantísimo. De la noche a la mañana, Uzcátegui inventó 14 candidatos a alcaldes paralelos a la Unidad, pareciera que es una instrucción y eso beneficia al PSUV. Yo insisto en que David tiene la oportunidad de demostrar que no es así. Puede pasar como ocurrió cuando se perdió el Concejo Municipal de Baruta.
#Podcast | Elecciones Regionales 2021: Actividades de calle, encuentros e impresiones de los votantes
En “Regionales en la lupa” TalCual junto a varios medios del interior del país les harán seguimiento a los candidatos de los estados Anzoátegui, Bolívar, Falcón, Lara, Miranda, Táchira, Yaracuy y Zulia, así como del municipio Libertador de Caracas
El pasado 28 de octubre comenzó oficialmente la campaña para las Elecciones Regionales del 21 de noviembre. Desde ese momento y hasta el próximo 18 de noviembre los candidatos pueden decirles directamente a los electores: “vota por mí”.
Varios aspirantes a la contienda arrancaron este período de 22 días de divulgación de ofertas y visitas, con caravanas, otros con caminatas y unos cuantos con encuentros más modestos en espacios públicos.
“Regionales en la lupa” es un producto de los portales El Tiempo de Anzoátegui, Correo del Caroní de Bolívar, La Mañana de Falcón, ElImpulsocom de Lara, La Nación de Táchira, Yaracuy al Día, La Verdad de Zulia, Radio Fe y Alegría, Runrunes y TalCual de Caracas para hacerle seguimiento y mostrar en detalle cómo se desarrolla la campaña y los comicios en los estados que cubre cada medio.
Cómo fueron las actividades
En este segundo capítulo de “Regionales en la lupa” les contaremos cómo fueron las actividades de algunos candidatos de Anzoátegui, Bolívar, Caracas, Lara, Táchira y Yaracuy; y cómo percibieron estas manifestaciones varios testigos presenciales de los encuentros. También les ofreceremos fragmentos de algunas entrevistas con aspirantes y votantes.
Los candidatos a la Gobernación de Yaracuy Miguel Ponente, candidato por Avanzada Progresista, y Gabriel Peña Navas, por Soluciones para Venezuela son algunas de las figuras que exponen en este episodio su visión y propuesta para la entidad a la que aspiran.
Operación Gedeón: torturadores como testigos y amenazas contra familiares
Las denuncias por torturas no son nuevas en el caso de la operación Gedeón. Abogados y ONG denunciaron que varios de los militares acusados, al igual que los estadounidenses involucrados, han sido víctimas de este tipo de delitos
El juicio por la operación Gedeón, como se le conoce a la incursión fallida de varios militares en las costas venezolanas para derrocar a Nicolás Maduro, avanza con la presencia de torturadores como testigos convocados por los fiscales del Ministerio Público y la amenaza contra familiares por denunciar «interrogatorios ilícitos».
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que, durante la audiencia de juicio el martes 26 de octubre, tres testigos de organismos de inteligencia fueron llamados a declarar. El último testigo, perteneciente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al subir al estrado fue denunciado por uno de los acusados como su torturador.
«Él es uno de los que me torturó en custodia, era uno de los que me golpeaba», exclamó el imputado delante de la juez Hennit Carolina López, defensores y fiscales según el relato que hace la ONG. El resto de los imputados también gritaron al funcionario de la Dgcim.
Alonso Medina Roa, uno de los abogados defensores del grupo, solicitó a la jueza y a los fiscales del MP investigar las denuncias contra el efectivo con base a la Ley Orgánica contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece que «cuando se observe un hecho donde presuntamente se hayan cometido actos en menoscabo de la dignidad humana, o se presuma hubo vulneración de los DDHH, deben investigarse».
Pero la denuncia no encontró asidero. La jueza solo pidió orden a la sala, mientras que el fiscal del MP solo dijo que «no era la oportunidad» para reclamar este tipo de delitos.
Además, la ONG resaltó que al momento del incidente, los funcionarios de la Dgcim se acercaron a observar y amedrentaron a abogados y los imputados tras haber señalado a uno de sus efectivos como torturador.
Las denuncias por torturas no son nuevas en este caso. Abogados y ONG denunciaron que varios de los militares acusados, al igual que los estadounidenses involucrados, han sido víctimas de este tipo de delitos, así como la vulneración de su dignidad al exponer vídeos con supuestas confesiones, lo que en la legislación venezolana está prohibido a menos que exista una orden expresa de tribunales.
El caso más notorio de torturas fueron las sufridas por Josnars Adolfo Baduel, hijo del fallecido general Raúl Isaías Baduel. Sus familiares y el equipo defensor denunciaron que fue víctima de desaparición forzada, ahogamientos, golpizas, colgamientos y descargas eléctricas.
Además, han sido amenazados como medida para evitar que denuncien estos hechos. El pasado 12 de febrero, día que falleció Baduel padre, Josnars fue intimidado para que accediera a grabar un vídeo corroborando las presuntas causas de muerte del militar, hecho al cual se negó.
¿Qué pasa con la operación Gedeón?
Actualmente, el juicio por la operación Gedeón está en la fase del desarrollo de los debates y evacuación de pruebas, explicó la abogada Ana Leonor Acosta. Son 29 personas las que están siendo juzgadas en este caso.
«También hay un grupo que no tuvo ni siquiera la oportunidad de ir a juicio, a ellos nunca les permitieron -en la etapa preliminar- tener un abogado y los obligaron a declararse culpables. Estas personas fueron condenadas. Estamos hablando de más de 50 personas en esta condición», destacó Acosta.
Ese es el caso de Luke Denman y Airan Berry, dice la abogada, quienes fueron condenados a 20 años de prisión sin siquiera estar conscientes de la condena. Estos dos americanos, según investigaciones periodísticas, fueron contratados por la empresa Silvercorp para entrenar a un grupo de militares en Colombia, que luego realizarían la incursión a Venezuela.
Pero hay otros casos como el del teniente José Ángel Barreno, el sargento Anthony Reyes o el funcionario policial Jesús Rafael Ramos, cuyos familiares reclaman que fueron condenados a penas que abarcan desde los 10 hasta los 20 años de prisión por hechos en los cuales no estaban involucrados.
Neria Meneses, esposa del policía Ramos, señaló que al funcionario lo fueron a buscar a su vivienda y lo desaparecieron. Se le asignó un defensor público pues se le prohibió un abogado privado, «nunca nos explicaron por qué», y le obligaron a aceptar cargos que lo mantendrán en prisión por 10 años.
«Ni siquiera tengo claridad de cuales fueron esos cargos que le imputaron», dijo Meneses.
Una situación similar sucede con los familiares del teniente Barreno. Su madre, Maciel Cordones, desconoce los delitos por los que está detenido y enfrenta 20 años de prisión. «De verdad no sabría explicarte por qué mi hijo está preso».
A las 29 personas, entre civiles y militares, que sí pasaron a juicio por la operación Gedeón se les acusa por delitos de terrorismo, conspiración, de tráfico de armas de guerra, asociación y traición a la patria. «Actualmente el juicio lo lleva la jueza primero de Juicio con competencia en Terrorismo, que es la que lleva casi todos los casos como el del dron, Gedeón», señala la abogada.
Ana Leonor Acosta estima que posiblemente en un año se pueda dar la conclusión del juicio, debido a la cantidad de medios de prueba que se manejan. «Estamos hablando de 84 funcionarios actuantes, de 74 expertos, más de 30 documentos de exhibición, por eso creemos que va a tardar un tiempo a pesar de que todas las semanas se están fijando audiencias de juicio».
Fiscalía amenaza a los Baduel
Las denuncias por torturas no son lo único que dejó la última audiencia en el caso por la operación Gedeón. Andreina Baduel, hija del exministro Raúl Isaías Baduel, denunció que tanto ella como la abogada de su hermano Josnars Adolfo Baduel, vinculado a esta operación, fueron amenazadas con iniciar una acción penal por objetar los interrogatorios.
Yasnaía Villalobos, abogada de Baduel, resaltó que las amenazas del Ministerio Público están basadas en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de mayo de 2021, donde se le impuso una multa de 50 unidades tributarias por haber solicitado una medida que permitiese dar con el paradero de Josnars Baduel, puesto que a sus familiares se les había negado las visitas de forma sistemática desde que fue apresado.
Dicha sentencia del TSJ, firmada por el magistrado Juan José Mendoza, además ordena a la Fiscalía General de la República que «proceda a verificar lo conducente por los presuntos hechos punibles cometidos por la accionante Andreina Mairuth Baduel Oyoque y señalados en este fallo, así como cualquier otro que pudiera emerger de la investigación».
La abogada comentó a TalCual que los fiscales del MP violaron el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) durante el manejo de un interrogatorio de un funcionario de la Dgcim. Entre otras cosas, este apartado establece a las partes (defensores y fiscales) los métodos aceptados y formas prohibitivas de interrogar.
«Todo el tiempo entre nosotros mismos nos formulamos objeciones unos a otros. Eso es lo rutinario. Lo inverosímil de todo lo sucedido fue que la audiencia se convirtió en una noche de amenazas por parte del Ministerio Público, que cerró con la actitud desmedida y virulenta de la Fiscalía», aseguró Villalobos.
Lo que es una situación regular en el desarrollo del debate, dijo la abogada, la Fiscalía «pretendió transfigurarlo, convertir la objeción en un delito y así, de ser el objetado pasar a ser el perseguidor del litigante en un nuevo proceso, haciendo uso arbitrario de sus funciones legales y constitucionales».
A juicio de la Yasnaía Villalobos, el MP realiza esta acción «con la falsa creencia de que los espacios defensivos y la protección de los derechos de Josnars Adolfo y Andreina serán cedidos».
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